El Estado de México implementa dos reformas clave: una garantiza asistencia social a hijos de mujeres víctimas de feminicidio o desaparición, y otra endurece sanciones para quienes encubran estos delitos, buscando justicia integral y protección de derechos.
La Gaceta de Gobierno del Estado de México publicó dos reformas legislativas que fortalecen la justicia con perspectiva de género en la entidad. La primera reconoce derechos de asistencia social para niñas, niños y adolescentes hijos de mujeres víctimas de feminicidio o desaparición.
La reforma adiciona el inciso n) a la fracción I del artículo 7 de la Ley de Asistencia Social del Estado de México y Municipios. Con ello, los menores en situación de orfandad o dependientes de personas desaparecidas serán considerados sujetos prioritarios de asistencia social hasta los 25 años, siempre que acrediten estudios y no contraigan matrimonio o unión de hecho.
El decreto establece que el Estado debe garantizar acompañamiento psicológico, educativo y social, así como acceso preferente a programas de bienestar. Esta medida busca restituir derechos y romper los ciclos de desamparo que enfrentan los hijos de víctimas de violencia de género, considerando que el Estado de México encabeza las cifras nacionales de feminicidios, con 85 casos en 2023, y que entre 1964 y 2024 se registraron más de 13 mil mujeres desaparecidas.
Endurecen sanciones contra el encubrimiento de feminicidios
La segunda reforma publicada modifica el artículo 250 del Código Penal del Estado de México. Se eliminan las excepciones que permitían a familiares justificar el encubrimiento de delitos graves, como el feminicidio, y se cierran espacios de impunidad para los agresores.
Ahora, cónyuges, concubinos o parientes cercanos ya no podrán beneficiarse de atenuantes o excusas absolutorias cuando se trate de feminicidio u otros delitos contra la vida e integridad de las mujeres.
El Código Penal establece sanciones de uno a tres años de prisión y de 30 a 150 días multa por encubrimiento, que aumentan a cuatro a ocho años y 100 a 300 días multa si los delitos son feminicidios o homicidios. Cuando el encubrimiento es cometido por servidores públicos de seguridad o justicia, la pena puede elevarse hasta 12 años de prisión y 450 días multa, además de destitución e inhabilitación por el mismo periodo.
Un esfuerzo conjunto por justicia y reparación
Estas reformas representan una política estatal coordinada entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo para garantizar atención, justicia y reparación integral a las víctimas de violencia de género. Mientras la primera reforma actúa en el ámbito social y preventivo, la segunda fortalece la persecución y el castigo penal.
