Naucalpan, Edoméx.- En medio del debate nacional sobre la crisis de personas desaparecidas, han surgido nuevas críticas hacia la forma en que el gobierno federal estaría manejando el registro oficial, particularmente tras versiones que apuntan a un posible ajuste de decenas de miles de reportes.
Durante la conferencia de prensa convocada por el PRI Estado de México, la presidenta del CDE Cristina Ruiz denunció que mientras gran parte de la atención ciudadana estaba dispersa, se habría intentado modificar el informe nacional para retirar más de 87 mil registros de personas desaparecidas, lo que ha sido interpretado por críticos como un intento de reducir la magnitud del problema en las estadísticas oficiales.
Los señalamientos sostienen que este tipo de decisiones reflejan una profunda falta de sensibilidad ante una crisis que afecta a miles de familias en todo el país, donde la ausencia de personas continúa siendo una de las problemáticas más graves y dolorosas. El discurso gubernamental ha sido cuestionado por organizaciones y voces opositoras, al considerar que calificar de “tendenciosas” las denuncias o reportes de familiares representa una falta de empatía frente a la exigencia de búsqueda y acompañamiento.
Durante posicionamientos públicos, la dirigencia estatal señaló que en un periodo aproximado de 73 años se han registrado alrededor de 132 mil personas desaparecidas en el país. Sin embargo, afirmaron que más del 52% de estos casos, equivalentes a más de 70 mil personas, se habrían concentrado únicamente en los últimos siete años, lo que, sostienen, refleja un incremento acelerado del fenómeno en tiempos recientes.
De acuerdo con este recuento, el problema no se ha distribuido de manera uniforme a lo largo del tiempo, sino que habría tenido un crecimiento significativo en los sexenios de la llamada 4T, lo que ha reavivado el debate político sobre la estrategia de seguridad y los resultados en materia de búsqueda de personas.
En la revisión histórica presentada por la oposición, se mencionan comparativos entre administraciones federales, donde se atribuyen aproximadamente 17 mil casos al gobierno de Felipe Calderón, cerca de 32 mil durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y un aumento considerable en el periodo de Andrés Manuel López Obrador.
En este contexto, la dirigencia del PRI en el Estado de México criticó la estrategia de seguridad conocida como “abrazos, no balazos”, al considerar que no ha dado resultados suficientes para contener la desaparición de personas y que, por el contrario, coincide con un incremento en los registros oficiales.
Otro de los puntos que ha generado preocupación es la existencia de más de 72 mil cuerpos sin identificar en el país, información que proviene de análisis realizados a partir de solicitudes de transparencia por la organización Quinto Elemento Lab.
Estas cifras abarcan registros de varios años, y han sido utilizadas para evidenciar la crisis forense que enfrenta el país, donde una parte importante de los restos humanos no logra ser identificada ni devuelta a sus familias.
Se ha señalado además que alrededor del 60% de estos casos se concentra en un grupo reducido de entidades federativas, entre ellas el Estado de México, además de estados como Guanajuato, Baja California, Sonora, Veracruz y Tamaulipas, lo que refleja focos regionales de alta incidencia.
En el Estado de México, la situación ha sido descrita como particularmente grave debido a la acumulación de casos en zonas urbanas densamente pobladas y a las dificultades en los procesos de búsqueda e identificación.
Asimismo, se advierte que miles de cuerpos han terminado en fosas comunes, lo que complica aún más la posibilidad de reconocimiento y justicia para las víctimas.
Las críticas concluyen que esta problemática no puede reducirse a cambios administrativos o ajustes estadísticos, ya que detrás de cada número existe una persona desaparecida y una familia en búsqueda, y que la prioridad debería centrarse en la investigación, la identificación y el acompañamiento a las víctimas.
Cristina Ruiz Sandoval, afirmó que existe una crisis de desconfianza e impunidad, y señaló una posible complicidad entre autoridades y el crimen organizado. “No tenemos pruebas, pero no tenemos dudas de esa complicidad del gobierno con el crimen organizado”, declaró, al insistir en sus críticas a la estrategia de seguridad y al manejo del tema de desapariciones.
