– La desaparición de personas se ha convertido en una herida abierta que no se debe normalizar
Toluca de Lerdo, Mèx.- En México, la desaparición de personas se ha convertido en una herida abierta que inconscientemente hemos intentado normalizar y el estado de México lidera las estadísticas nacionales con 14 mil 669 personas desaparecidas, que representa el 11 por ciento en el país, lamentó la diputada del Partido Acción Nacional Joanna Felipe Torres, al presentar la propuesta de reformas a la Ley de Víctimas del Estado de México y del Código Penal estatal.
“Hoy vengo a dar voz a la ausencia más dolorosa, esa que nace de la incertidumbre y que día tras día, año con año, va matando lentamente la esperanza. Hablo por miles de familias que hoy tienen una silla vacía en su mesa y un nudo permanente en la garganta. Por el calvario de quien hoy camina con una foto en el pecho y la fe intacta de encontrar a su ser querido con vida”, afirmó.
Ante el pleno de la LXII Legislatura, a nombre propio y del coordinador parlamentario de Acción Nacional, Pablo Fernández de Cevallos, Joanna Felipe Torres, precisó que la desaparición de personas es una violación profunda a los derechos humanos que desgarra no sólo a la víctima, sino a todo su núcleo familiar y a la sociedad entera.
Señaló que la desesperación ha obligado a los familiares a convertirse en peritos, en investigadores, en buscadores, poniéndose en riesgo porque el Estado les ha fallado, y en muchos casos han sido las familias los que los han encontrado. «La estadística de localización en el país no se explica sin la labor de los colectivos, que ante la inacción oficial se han convertido en los verdaderos expertos en la búsqueda de campo».
Este no es un tema que pueda resolverse desde un solo frente, sino es una causa común que compromete a todos, al Legislativo en la creación de marcos jurídicos sólidos, al Ejecutivo en su implementación operativa, al Judicial en la garantía de la legalidad y también a la sociedad civil organizada. Por ello, enfatizó, la propuesta de reformar las leyes para que la justicia deje de ser un laberinto.
La reforma pretende castigo al ocultamiento; imponer pena privativa de la libertad a quien se atreva a alterar o destruir datos biométricos que permitan identificar o localizar a los desaparecidos y derecho absoluto a la verdad, garantizar que las familias reciban de inmediato toda la información y datos identificativos o de localización que tengan las autoridades.
